Más de 5.000 estudiantes leoneses, pendientes del estatuto del becario

El alumnado leonés critica la falta de consenso y que no diferencie entre todas las prácticas

El estatuto del becario ya sólo está pendiente del trámite parlamentario, ya que su planteamiento final es el de convertirse en ley. Una normativa que afectará a más de 5.000 estudiantes leoneses repartidos entre la Universidad de León y los ciclos formativos de FP que para obtener su titulación deben contar con estancias en empresas. Un estatuto que cuenta con el rechazo de la Conferencia de Rectores Universitarios, de la que forma la institución académica leonesa, y también de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades públicas, en la que está integrado el Consejo de Estudiantes de la Universidad de León.

«La postura no es partidista, pero esperábamos de un Gobierno progresista que se hubiera tenido en cuenta nuestra opinión, porque llevamos años trabajando para recoger propuestas y no se nos ha escuchado», comentó ayer el presidente del Consejo de Estudiantes de la ULE, Gonzalo Rivera, para añadir que aunque la creación de este documento «era algo importante y ha conseguido bastantes derechos está condicionado a que las universidades públicas asuman los costes y ya están bastante ahogadas económicamente».

El universitario leonés insistió en la necesidad de que fuese un documento «consensuado», pero también criticó el hecho de que sea un documento único. «Mezcla las prácticas de la Formación Profesional con las de universidad, donde tampoco hace diferenciación entre las curriculares y las extracurriculares. Un estatuto único no funcionará, ha dejado muchos vacíos», precisa el representante de los universitarios leoneses.

Entre las novedades que contempla el estatuto, que sí cuenta con el respaldo de sindicatos, pero no de las patronales, está que los alumnos en prácticas no podrán superar al 20% de la plantilla total y que el número de horas de práctica no podrá exceder de las 480, es decir, del 25% de los créditos de los que esté matriculado el alumno.

El estatuto también recoge que el alumno no tendrá que pagar por formarse y establecerá una serie de derechos, que se suman a la cotización que se realiza ya desde 2023, como que se les tendrá que abonar todos los gastos que se deriven de su actividad labora, como el desplazamiento o la manutención, además de que exime a los estudiantes en prácticas a trabajar de noche o a turnos y, a su vez, tendrán derecho al descanso, vacaciones y a los servicios que el centro de trabajo ofrece al resto de la plantilla.

La futura ley también recoge sanciones para las empresas que no cumplan con los derechos de los estudiantes, con cuantías que pueden llegar hasta los 225.000 euros. En el caso de que la infracción esté penalizada como muy grave, las empresas tendrán que abonar entre 120.006 y 225.018 euros y las catalogadas como graves incluirán sanciones entre las 30.001 y los 120.005 euros y las leves contemplan cuantías entre 7.501 a 30.000 euros.

El reglamento cuenta con el rechazo de las patronales y Gonzalo Rivera Cueva teme que, junto con el temor a las sanciones, «las empresas no hagan convenios con las universidades, no entren en la bolsa para que el estudiantado haga prácticas, porque no deja muy claras cuestiones económicas».

El estatuto del becario también recoge las obligaciones de los alumnos. Además de incorporarse en la fecha acordada o cumplir los horarios, deben respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales o desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia con las actividades acordadas con la empresa.

«El coste no puede caer en el alumno ni las universidades»

Desde la Conferencia de Rectores instaron al Gobierno y a los grupos parlamentarios «a abrir un proceso de diálogo real con las universidades antes de continuar su tramitación». «Sin una memoria económica rigurosa, el Estatuto nace con un problema estructural. La principal preocupación se centra en la financiación y en la asunción de los costes derivados de la norma. La obligación de compensar gastos sin una delimitación objetiva y sin una memoria económica suficiente puede comprometer gravemente la viabilidad del sistema de prácticas», critican los rectores, que añaden: «En ningún caso, estos costes pueden recaer sobre las universidades ni trasladarse al estudiantado a través de incrementos en la matrícula, ya que ello generaría desigualdades».